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Nuevo código penal busca ahogar a la disidencia

Diez meses después de que las protestas antigubernamentales sin precedentes sacudieran a Cuba, la dictadura está impulsando una reforma penal que está diseñada para sofocar de manera preventiva cualquier muestra futura de creciente descontento público.
El nuevo código, que se aprobará en una sesión extraordinaria del parlamento el sábado, criminalizará la difusión de “propaganda” y el financiamiento extranjero para actividades que amenacen la “seguridad del estado”.

También serán sancionadas con hasta dos años de prisión las manifestaciones de una o varias personas “en contravención de lo dispuesto”.

¿Por qué?

Para “proteger el sistema político y estatal socialista de todos los actos y actividades que se cometan contra el orden constitucional y con el propósito de crear un clima de inestabilidad social y un estado de ingobernabilidad”, señala el proyecto publicado en la página web del Ministerio Público.

La reforma del código penal es parte de una serie de leyes que deben aprobarse para dar ejecución a la nueva constitución de Cuba, aprobada en 2019.

Pero a diferencia de otros proyectos de ley, incluido un nuevo código de familia que legalizará el matrimonio entre personas del mismo sexo y la subrogación, no hubo consulta pública ni referéndum.

“Llama la atención que (…) este nuevo cuerpo legislativo se redactó en secreto”, dijo René Gómez Manzano, un abogado de 77 años, ex preso político y activista disidente.

Con el código, “el régimen está apretando la tuerca, recrudeciendo la represión de los ciudadanos”, dijo Gómez, quien encabeza un cuerpo de abogados cubanos disidentes.

Delitos de comunicaciones


El código crea 37 nuevos delitos relacionados con el uso de “telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación”.

Esta es una aparente respuesta a la llegada de Internet móvil a la isla en 2018, que ha revolucionado la forma en que las personas expresan su descontento y se organizan en un estado de partido único conocido por su aversión a la disidencia.

En julio pasado, miles de cubanos salieron espontáneamente a las calles de numerosas ciudades y pueblos, exigiendo “libertad” y denunciando su difícil situación mientras el país se tambaleaba por su peor crisis económica en casi tres décadas.

En los 60 años transcurridos desde la revolución de Fidel Castro nunca se había visto una efusión pública tan masiva de disidencia.

La respuesta de las fuerzas de seguridad dejó un muerto, decenas de heridos y más de 1.300 personas detenidas.

Desde entonces, cientos han sido sentenciados, algunos a penas de prisión de hasta 30 años por falsos delitos como desorden público y sedición, los cuales permanecen en el libro de estatutos.

‘Propaganda’


El proyecto de código penal prevé la prohibición de la financiación extranjera de actividades percibidas como dirigidas “contra la seguridad del Estado”.

Esto significa que los medios independientes o de oposición, los activistas y los grupos disidentes serán sancionados como “mercenarios” por recibir dinero de agencias y ONG en el extranjero.

Se arriesgarán a penas de prisión que van de cuatro a 10 años.

“En un país donde los medios privados son ilegales y los periodistas no tienen posibilidad de obtener financiamiento local, prohibir el financiamiento extranjero es una sentencia de muerte para el periodismo independiente”, dijo el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Se cambiará el delito existente de “propaganda enemiga” por el de “propaganda contra el orden constitucional”, y también será punible la “difusión de noticias falsas o predicciones maliciosas con el fin de causar alarma, descontento o desinformación”.

El “endurecimiento de las penas… está diseñado para tener un impacto notable en el activismo político cubano”, dijo el jurista Harold Bertot, profesor de derecho cubano ahora en Madrid para realizar investigaciones.

Señaló que llega “en un momento de tensión política y social en Cuba” y claramente “diseñado para tener un impacto notable en el activismo político cubano”.

Bertot dijo que el proyecto de texto prevé “un número significativo de delitos punibles con la pena de muerte”, un castigo que no se ha aplicado en casi 20 años.

Cuba ha mantenido una moratoria de facto sobre la pena capital -anteriormente llevada a cabo mediante fusilamiento- desde 2000, que se rompió recién en 2003 con la ejecución de tres cubanos que habían secuestrado un barco de pasajeros para escapar de la isla.

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Nacionalista cubano, poeta, filósofo, ensayista, periodista, traductor, profesor y editor.

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